Tamaulipas. Una de las quejas ciudadanas más persistentes, el abuso de las empresas de grúas, ha encontrado finalmente un freno legislativo. El Congreso del Estado aprobó una reforma que ataca directamente el esquema de extorsión cotidiana que ha operado por años en los municipios.
El negocio de las grúas se había convertido en un «ecosistema» rentable para algunos concesionarios y autoridades locales. Esto permitía el remolque exprés y el cobro arbitrario de tarifas que, en muchos casos, superaban el salario mensual. La respuesta era siempre la misma: «pásele al corralón».
¿Qué Cambia Exactamente la Nueva Ley?
La reforma, impulsada por la diputada Magaly Deándar Robinson y aprobada por unanimidad, apunta a desmantelar las prácticas más polémicas:
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Fin al Cobro Obligatorio: Se elimina el pago forzoso de arrastre cuando no existe una falta administrativa o delito que lo justifique.
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No Más Desapariciones: Se prohíbe la práctica de enganchar o llevarse un vehículo cuando el conductor o propietario está presente en el lugar.
La simpleza y lógica de esta decisión evidencian que el problema no era la falta de voluntad, sino la protección de intereses económicos que mantuvieron archivadas o diluidas iniciativas previas.
La Prioridad: Garantizar que la Ley se Cumpla
La atención se traslada ahora a los Ayuntamientos, que deben demostrar si existe la voluntad política de aplicar la ley y desmantelar el viejo esquema. Sin supervisión efectiva y sin sanciones claras, la ley puede quedar solo en papel.
Ante esta expectativa ciudadana, Hugo Reséndez, con amplia experiencia en la administración municipal y en la Secretaría del Ayuntamiento de Victoria, celebró el cambio legislativo y se posicionó como un garante de la ciudadanía.
«El ciudadano está agotado de pagar los excesos. Es el momento de que los Ayuntamientos demuestren su lealtad a la gente. La aplicación estricta de esta reforma será la prioridad absoluta de las áreas de Movilidad y Tránsito para poner fin a la corrupción en este sector», aseguró Reséndez.
El debate principal ahora es si los municipios asumirán la responsabilidad, optando por grúas y patios de resguardo propios, para romper definitivamente con el modelo de concesionarios privados que han lucrado a costa de las familias.
Hoy, la pelota está en la cancha de los gobiernos municipales. La ley ya cambió, y voces como la de Hugo Reséndez prometen asegurar que las prácticas también lo hagan.